Protección penal de la vida y salud de los trabajadores: análisis político-criminal y dogmático del delito de riesgos laborales en España y Uruguay

Abstract

El presente trabajo, analiza la problemática de la protección penal de los riesgos laborales en la dimensión político criminal y dogmática, tomando como punto de referencia a España y Uruguay y partiendo del postulado que la prevención de riesgos laborales abarca un campo temático tan complejo y diverso que exige un tratamiento plural puesto que la dimensión estrictamente jurídica resulta insuficiente para su correcto abordaje. La dificultad que plantea evidenciar la cantidad de trabajadores que pusieron su vida o salud en riesgo exige la ampliación hacia otras metodologías (como por ejemplo encuestas de victimización) e instrumentos de medición para generar un acercamiento más directo al fenómeno, disminuyendo así los sesgos de los datos oficiales. Es necesaria mayor investigación de campo que permita identificar nuevos o emergentes sectores productivos caracterizados por la fuerte presencia de riesgos laborales. Asimismo, se encuentra plenamente legitimada la utilización del Derecho penal para sancionar esta conducta, y ésta viene dada por las cifras de la siniestralidad laboral. Las consideraciones político-criminales ponen de relieve la importancia del pasaje del Derecho penal liberal a un Derecho penal que se adapte a las circunstancias históricas y económicas de la época actual. El análisis de la inclusión del delito en Europa y particularmente en España muestra cómo esta figura se encuentra de larga data en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos europeos, en parte por el profundo desarrollo normativo que se halla a nivel comunitario, lo que ha favorecido su aplicación. En cambio, en Latinoamérica son pocos los países que prevén figuras penales ante la protección de los riesgos laborales. Dentro de estas excepciones se encuentra Uruguay, no obstante la incorporación de este delito no representa un cambio en la política criminal del país -que continua con su rasgo abstencionista en lo que refiere a los delitos de la criminalidad económica-, sino que responde al desarrollo de un paradigma nuevo y tuitivo de los trabajadores, proveniente de la legislación estrictamente laboral que tuvo como coralario la inclusión de este delito en el ordenamiento jurídico.